El Tribunal Supremo ha determinado que realizar ofertas falsas de alquileres de viviendas en internet constituye una estafa agravada debido a la especial gravedad de utilizar un medio de amplia difusión como es internet para engañar a personas en busca de vivienda.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid, que también fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, de 18 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el periodo de condena, así como una multa de nueve meses con una cuota diaria de diez euros, y una indemnización de 750 euros. Esta condena ha recaído sobre una persona que ofertó fraudulentamente una vivienda por internet, aparentando ser el propietario para obtener un beneficio económico.
Según los hechos probados, la víctima, atraída por el anuncio y el bajo precio del alquiler, realizó la transferencia de 750 euros y, posteriormente, descubrió que el alquiler era un fraude y que las fotografías del DNI correspondían a otra víctima de estafa. Ante la necesidad urgente de un lugar donde vivir, el denunciante y su familia se vieron obligados a alquilar habitaciones temporales.
La estafa agravada, tipificada en el artículo 250.1.1º del Código Penal, se fundamenta en la protección de bienes de primera necesidad, como las viviendas destinadas a uso residencial. El Tribunal Supremo subraya la gravedad de estos hechos, señalando que la conducta es especialmente reprochable, dado que se aprovechó de la necesidad de vivienda que tienen los ciudadanos en un contexto de aumento de precios en la compra de vivienda y de alquiler. El uso de internet para difundir estas estafas es especialmente grave ya que permite una amplia difusión y facilita aprovecharse de personas necesitadas de vivienda.
Así las cosas, la necesidad de encontrar una vivienda en alquiler a un precio asequible reduce las medidas de autoprotección de las víctimas, aumentando su confianza en la veracidad de los anuncios en internet, lo que a su vez causa no solo pérdidas económicas, sino también perjuicios morales y psicológicos.
El mercado de alquiler, debido a su alta demanda y precios elevados, es especialmente vulnerable a estas ciberestafas, que agravan la situación de quienes están necesitados de dinero y carecen de un inmueble donde residir, aumentando su vulnerabilidad.
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