REQUERIMIENTO DE CESE DE ACTIVIDADES MOLESTAS A OCUPANTES Y PROPIETARIOS POR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

La Audiencia Provincial de Illes Balears, en una reciente sentencia de 14 de septiembre de 2026, ha establecido que las comunidades de propietarios deben requerir el cese de las actividades molestas a las personas que las realizan de forma efectiva, sin que sea suficiente con dirigir dicho requerimiento únicamente al propietario del inmueble cuando los responsables son sus ocupantes. De manera previa a entrar en el pronunciamiento de la Audiencia Provincial, conviene aclarar dos conceptos:
Por un lado, las actividades molestas son aquellas conductas que perjudican la convivencia entre los vecinos, como pueden ser los ruidos excesivos, los humos, los malos olores o la ocupación indebida de zonas comunes. Por otro lado, la acción de cesación es el procedimiento judicial que permite a una comunidad de propietarios solicitar que se ponga fin a aquellas actividades que resulten perjudiciales para la convivencia o contrarias a las normas de la Ley de Propiedad Horizontal.
En términos generales, el artículo 7.2 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, establece que el presidente de la comunidad deberá requerir a quien realice las actividades prohibidas para que cese inmediatamente en ellas, bajo apercibimiento de iniciar las correspondientes acciones judiciales.
En el caso analizado, una comunidad de propietarios presentó una demanda contra el titular de un local y sus ocupantes, al considerar que se estaban desarrollando actividades molestas, entre ellas la emisión excesiva de humos y olores y la ocupación de zonas comunes. Sin embargo, el requerimiento previo de cese se había dirigido únicamente al propietario y no a las personas que realizaban dichas actividades.
Durante el procedimiento judicial, el propietario se allanó a la demanda, mostrando su conformidad con las pretensiones de la comunidad. No obstante, la Audiencia Provincial confirmó la desestimación de la demanda al considerar que el requerimiento previo constituye un requisito indispensable para ejercitar la acción de cesación y debe dirigirse a quienes realizan materialmente las actividades denunciadas.
Asimismo, el tribunal señaló que el allanamiento del propietario no puede subsanar la falta de requerimiento a los ocupantes, ni producir consecuencias perjudiciales para estos, puesto que no habían tenido la oportunidad de conocer formalmente las reclamaciones y poner fin a las conductas denunciadas.
Esta resolución resulta especialmente relevante para las comunidades de propietarios, ya que recuerda que no basta con acreditar la existencia de actividades molestas, sino que también es necesario cumplir los requisitos legales antes de acudir a los tribunales. Por tanto, cuando las conductas denunciadas sean realizadas por personas distintas del propietario, la comunidad deberá requerir también a quienes las llevan a cabo.
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