SENTENCIA NOVEDOSA: EL PROPIETARIO NO ESTÁ OBLIGADO A PAGAR SUMINISTROS EN SUPUESTOS DE OCUPACIONES ILEGALES

Durante los últimos años, una de las cuestiones que mayor inseguridad jurídica ha generado entre los propietarios afectados por la ocupación ilegal de viviendas ha sido la relativa al mantenimiento de los suministros básicos. No eran pocos quienes, además de verse privados de la posesión de su inmueble, continuaban abonando los recibos de agua, electricidad o gas por temor a que la interrupción de estos servicios pudiera dar lugar a responsabilidades penales por un presunto delito de coacciones.

La situación resultaba difícilmente conciliable con los principios más elementales de nuestro ordenamiento jurídico. El propietario, que ya soportaba las consecuencias de una ocupación ilícita, se veía además obligado, en la práctica, a sufragar los suministros de quienes carecían de cualquier derecho para permanecer en la vivienda.

En este contexto, la Sentencia del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 426/2026, de 24 de junio, supone un importante avance en materia de seguridad jurídica. Aunque el supuesto enjuiciado no versaba sobre una ocupación ilegal, el Alto Tribunal ha aprovechado la ocasión para fijar una doctrina de indudable trascendencia práctica al diferenciar claramente el tratamiento jurídico de quien ocupa una vivienda con un título legítimo, aparente o discutido y de quien lo hace sin derecho alguno.

Así, el Tribunal recuerda que el corte de un suministro esencial puede constituir un delito de coacciones cuando se utiliza como medio para forzar el abandono de una vivienda por parte de quien ostenta una posesión legítima o jurídicamente controvertida. Sin embargo, advierte expresamente que esta conclusión no puede extrapolarse a los supuestos de ocupación ilegal, pues ambos escenarios responden a realidades jurídicas radicalmente distintas.

Precisamente en relación con estas ocupaciones, el Tribunal Supremo afirma que no puede imponerse al propietario la obligación de mantener el alta o asumir el coste de los suministros en beneficio de quienes han accedido ilícitamente al inmueble. Añade, además, que la interrupción de dichos servicios puede no integrar el tipo penal de las coacciones al no concurrir alguno de sus elementos esenciales y recuerda que obligar al titular a sufragar esos gastos supondría agravar el perjuicio derivado de la ocupación mediante un evidente enriquecimiento injusto de los ocupantes.

Esta doctrina viene a consolidar los criterios que ya habían sido mantenidos por diversas Audiencias Provinciales, las cuales habían sostenido que el propietario de una vivienda ocupada ilegalmente no está obligado a mantener el alta de los suministros ni a asumir su coste, y que la baja de estos servicios, por sí sola, no constituye un delito de coacciones.

La relevancia de esta resolución radica en que eleva dichos criterios al ámbito de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dotándolos de una mayor seguridad. Ello no supone legitimar actuaciones de desalojo al margen de los procedimientos legalmente establecidos, sino evitar que el Derecho penal termine convirtiéndose en un instrumento para imponer la obligación de sostener económicamente una situación de ocupación ilegal al perjudicado por la misma.

La sentencia permite delimitar con claridad dos escenarios claramente diferenciados. Cuando existe un conflicto familiar, arrendaticio o posesorio en el que quien ocupa el inmueble dispone de un título legítimo, aparente o discutido, el corte de suministros puede tener relevancia penal si se utiliza como mecanismo para forzar el desalojo. Por el contrario, cuando la ocupación carece de cualquier título legitimado, no existe fundamento jurídico para exigir al propietario que continúe financiando unos servicios esenciales de los que únicamente se benefician quienes ocupan ilícitamente la vivienda.

La resolución citada constituye, por tanto, un pronunciamiento de especial trascendencia práctica. Además de aportar una interpretación más coherente con los principios de nuestro ordenamiento jurídico, pone fin a una situación donde el propietario ostentaba una carga claramente desproporcionada y refuerza la seguridad jurídica en una materia especialmente sensible.